La fundación "Defendamos la Ciudad" y vecinos de la comuna de Providencia dieron a conocer un dictamen dela Contraloría General de la República, que aplicó sanciones a funcionarios de la municipalidad de dicha comuna, por irregularidades en el otorgamiento de permisos para la construcción del megaproyecto inmobiliario Costanera Center. El órgano fiscalizador resolvió aplicar medidas disciplinarias de censura y anotaciones de demérito en la calificación de Sergio Ruminot, Carlos Castro y Sergio Ventura, profesionales miembros de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Providencia. El presidente de "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman explicó que "esta construcción se inició en marzo de 2006, sin que el titular del proyecto dispusiera de un permiso de edificación, el cual fue obtenido extemporáneamente con fecha 30 de marzo de 2007, es decir, un año después del inicio de las obras". Por lo tanto, este es "un acto administrativo viciado tal como lo determinó el seremi de Vivienda y Urbanismo y la propia Contraloría", agregó. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, Josefa Errázuriz señaló que "lo terrible de este proyecto, de gran impacto comunal, es que nunca fueron consultados los vecinos, quienes somos los principales afectados. Lo más grave, es que estas resoluciones de la Contraloría nunca son conocidas por la ciudadanía y peor aún, no tienen ninguna incidencia en las autoridades comunales". La dirigente añadió que "hoy, en la Dirección de Obras de Providencia, siguen los mismos funcionarios que autorizaron este proyecto al margen de la ley, lo que nos demuestra fehacientemente que las instituciones en Chile no funcionan".

Contraloría sanciona a Providencia por irregularidades en Costanera Center y vecinos exigen su cierre Paula Correa Esta mañana se dio a conocer el resultado de un sumario administrativo de la Contraloría Generar de la República por la construcción del proyecto “Costanera Center” que sanciona a 3 profesionales de la dirección de obras de Providencia. Sin embargo, vecinos y organizaciones ciudadanas afirman que las medidas no son suficientes y exigen la paralización de las obras. Uno de los aspectos que más preocupa a los habitantes del sector es la alta congestión vehicular que se va a producir en una zona que ya está saturada por esta situación. Noticias relacionadas • Costanera Center: Despierta el gigante dormido • Ex trabajadores de Costanera Center exigen su reincorporación a las obras • Bachelet encabeza reanudación de obras de Costanera Center • Paulmann confía en reanudar construcción de Costanera Center La Contraloría sancionó a Sergio Ruminot, Carlos Castro y Sergio Ventura, funcionarios de la dirección de obras de Providencia por las irregularidades detectadas en el proceso de aprobación del proyecto Costanera Center de la empresa Cencosud, presidida por Horst Paulmann. La construcción se inició en marzo de 2006 sin que se dispusiera de un permiso de edificación, el que se consiguió un año más tarde en un acto administrativo viciado, según determinó la seremi de Vivienda y Urbanismo. La empresa tampoco realizó su evaluación ambiental, por lo que la seremi le cursó dos multas, y tampoco se sometió a un estudio de transporte urbano. Un tema muy complejo, ya que el proyecto se emplaza en una zona de alta congestión vehicular y tiene como referente una de las estaciones de metro más saturada, Tobalaba, situación que preocupa a los vecinos de la zona. “Va a afectar la calidad de vida en todo aspecto. Por un lado, el asunto vehicular. Si pensamos en un desastre natural, un temblor, una lluvia, también va a ser un problema por la parte de los residentes de ese lugar, es decir, el asunto de vialidad va a causar más problemas, también por la altura de la torre y no está bien calculado con respecto a las sombras que debe tener ese tamaño, o sea, van a proyectar sombras de unas diez cuadras al poniente. La municipalidad no dice nada, se salvan con conductos regulares, para mandar cartas, mandar informes, enviar la queja al jefe de obra y después ni siquiera hay respuesta”, señaló Marcelo Bohl, presidente de la Junta de Vecinos N 11 de Providencia, Los vecinos expresan que esta sanción a los directivos de obra no es suficiente, ya que el proyecto sigue en construcción, e incluso, estos tres trabajadores continúan en sus funciones regulares, lo que para la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Josefa Errázuriz, sólo demuestra que las instituciones y los procesos de fiscalización en Chile no funcionan. Por su parte, el economista y miembro de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) se refirió a la necesidad de regular la aparición de grandes tiendas, las que además desplazan y, a la larga, erradican el comercio local. “Ha llegado la hora de que las autoridades tomen medidas para regular el emplazamiento de los mega comercios y de los mall. No podemos seguir con esta política en que este tipo de comercio se pueda instalar donde quiera y como quiera centrándose en el mega comercio. Hay que hacer lo que se ha hecho en todas las grandes ciudades del mundo. Se puede ver en Buenos Aires y en Europa que el mega comercio está fuera de las ciudades, acá no se está haciendo eso. Se trata de la cosa más absurda que se ha hecho en la ciudad con la complacencia de autoridades de uno y otro lado”, reclamó el experto. Los vecinos exigen que el proyecto se detenga, o al menos que la empresa se acerque y se converse al respecto, sin embargo, señalan que no ven la intención de dialogar ya que, incluso, están solicitando al Estado que se haga responsable de las medidas de mitigación de la congestión que generará su proyecto, buscando que sean los propios consumidores los que, a través del pago de impuestos, se hagan cargo de este costo. En esta línea, el presidente de la ONG Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, llamó a detener las obras lo antes posible, señalando: “en todo país serio ninguna municipalidad permite que se inicien las obras si es que no se cuenta con un permiso de edificación. La municipalidad de Providencia permitió en marzo de 2006 que se iniciaran las obras para tener un ambiente comunicacional, propaganda, que hay mucha inversión, porque ese es el discurso de aquellos que ejercen el poder. Eso quiere decir que estamos muy mal, si tenemos un estado de derecho, tenemos que respetar las normas vigentes”. Herman hizo también un llamado al Presidente Piñera a instruir a los funcionarios del Estado sobre probidad administrativa y acabar con este comportamiento servil a los grandes intereses económicos. Por su parte, los vecinos de Providencia interpelaron a la ciudadanía a tener mayor claridad a la hora de entregar su voto, exigiendo a los candidatos no sólo simples promesas, sino también propuestas programáticas que realmente favorezcan a la comunidad. http://radio.uchile.cl/noticias/110164/ Costanera Center: Contraloría sanciona a 3 funcionarios de Providencia Nación.cl Martes 12 de abril de 2011 | Actualizada 17:30 | País 3 profesionales de la municipalidad de Providencia fueron sancionados por la Contraloría General de la República por irregularidades en permisos a Costanera Center, el megaproyecto de la empresa de retail Cencosud. El resultado del sumario administrativo fue dado a conocer por la Agrupación Defendamos la Ciudad, en compañía de representantes vecinales. De acuerdo al dictamen de la Contraloría General de la República, los sancionados son Sergio Ventura Becerra (Director de Obras), Carlos Castro Urrutia (Jefe de Edificación) y Sergio Ruminot (Revisor de Proyectos) Según Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, la construcción “se inició en marzo de 2006, sin que el titular del proyecto dispusiera de un permiso de edificación, el cual fue obtenido extemporáneamente un año después”. A esto se suma que recién el 16 de septiembre de 2009, 3 años y medio después, el proyecto “obtuvo la calificación ambiental definitiva, en circunstancias que el artículo 8º de la Ley de Bases del Medio Ambiente prohíbe el inicio de faenas si los proyectos no cuentan con las aprobaciones correspondientes de la Corema”. Otra irregularidad dicen relación con las obras de mitigación vial. De acuerdo a Herman, el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) “recién fue aprobado por el Seremi de Transportes en enero de 2009, 34 meses después del inicio de obras, teniéndose en cuenta que Costanera Center no podía comenzar sus faenas de construcción si no contaba con el EISTU autorizado”. “Las obras de mitigación vial son las exigidas para otorgarse la recepción final, una de las cuales es el túnel bajo la vía Andrés Bello y Cencosud todavía está negociando con el MOP para ver quién paga su conexión con la futura autopista Costanera Sur“, precisó.


Contraloría sanciona a funcionarios de Providencia por errores en permisos de edificio Costanera Center Agrupación Defendamos la Ciudad mostró resultados de sumario: “Si ese proyecto hubiera sido para una Pyme, jamás le habrían permitido iniciar las obras sin los permisos”. POR: LA SEGUNDA martes, 12 de abril de 2011 Finalmente la Contraloría sancionó a tres altos profesionales de la Dirección de Obras Municipales de Providencia por la entrega irregular de permisos al proyecto Costanera Center de Cencosud, según denunció hoy la agrupación Defendamos la Ciudad. Este sumario lo solicitó en su momento el secretario ministerial metropolitano de vivienda y urbanismo el 4 de mayo del 2009 al órgano contralor —que el 25 de agosto de ese año resolvió iniciar la indagatoria—, luego de que en el municipio decidieran no hacer eco de las falencias que la oficina ministerial halló tras revisar los permisos entregados. Las sanciones aplicadas por el ente fiscalizador corresponden a medidas disciplinarias de censura y anotaciones de demérito en la calificación de Sergio Ventura Becerra (Director de Obras), Carlos Castro Urrutia (Jefe de Edificación) y Sergio Ruminot Núñez (Arquitecto Revisor de Permisos de Edificación). Esto debido a que la dirección de obras entregó con fecha 30 de marzo del 2007 el permiso de edificación para ampliar y alterar el proyecto de Cencosud, que requería de solicitar previamente o al mismo tiempo de la solicitud la fusión o modificación de deslindes, vulnerando lo estipulado por la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Esta situación ya había sido notificada por Contraloría en el año 2009 en el dictamen 21.269 para ser corregida, cosa que finalmente no ocurrió. Herman: Grave problema de institucionalidad “Las sanciones de estos sumarios, como diría Ravinet, “valen callampa” porque el edificio está terminado, pero hay que hacer notar el grave problema que tiene la institucionalidad chilena en materia de vivienda y medio ambiente”, señaló Patricio Herman, de la ONG Defendamos la Ciudad, quienes junto con vecinos del megaedificio llevan reclamando situaciones anómalas en esa construcción desde 2006. Según explicó Herman, Costenera Center habría comenzado sus obras sin permiso de edificación, el cual recién lo habría obtenido un año después. “Esto deja en claro que las instituciones de Chile en el ámbito de la ciudad, no funcionan. Nosotros queremos que las instituciones ejerzan sus roles y en Chile es muy difícil por la presiones de importantes actores del mercado”, acotó. En ese sentido, el líder de Defendamos la Ciudad aseguró que “si ese proyecto hubiera sido para una Pyme, jamás le habrían permitido iniciar las obras sin los permisos correspondientes. El sistema de libre mercado funciona cuando reglas son claras y parejas para todos. Pero en Chile se favorece a los grupos importantes”. Desde que se puso la primera piedra el 6 de marzo del 2006, diversos inconvenientes ha enfrentado el complejo Costanera Center. Uno de los relevantes, y que se resolvió hace pocos meses, fue la negación por parte de la autoridad de darle el permiso para que funcionaran los edificios, dado que el centro comercial carecía de las exigencias de mitigación vial elaboradas por la autoridad. Esto generó roces entre Horst Paulmann y el ministro de Obras Públicas Hernán de Solminhac.


Costanera Center "Este es un acto administrativo viciado tal como lo determinó el seremi de Vivienda y Urbanismo y la propia Contraloría", sostuvo Patricio Herman, presidente de la entidad. La fundación “Defendamos la Ciudad” y vecinos de la comuna de Providencia dieron a conocer un dictamen de la Contraloría General de la República, que aplicó sanciones a funcionarios de la municipalidad de dicha comuna, por irregularidades en el otorgamiento de permisos para la construcción del megaproyecto inmobiliario Costanera Center. El órgano fiscalizador resolvió aplicar medidas disciplinarias de censura y anotaciones de demérito en la calificación de Sergio Ruminot, Carlos Castro y Sergio Ventura, profesionales miembros de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Providencia. “Esta construcción se inició en marzo de 2006, sin que el titular del proyecto dispusiera de un permiso de edificación, el cual fue obtenido extemporáneamente con fecha 30 de marzo de 2007, es decir, un año después del inicio de las obras (…) este es un acto administrativo viciado tal como lo determinó el seremi de Vivienda y Urbanismo y la propia Contraloría”, sostuvo Patricio Herman, presidente de la entidad. Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, Josefa Errázuriz, indicó que “lo terrible de este proyecto, de gran impacto comunal, es que nunca fueron consultados los vecinos, quienes somos los principales afectados. Lo más grave, es que estas resoluciones de la Contraloría nunca son conocidas por la ciudadanía y peor aún, no tienen ninguna incidencia en las autoridades comunales”. “Hoy, en la Dirección de Obras de Providencia, siguen los mismos funcionarios que autorizaron este proyecto al margen de la ley, lo que nos demuestra fehacientemente que las instituciones en Chile no funcionan”, concluyó la dirigente.

COLABORADORES Fundación Defendamos la Ciudad, Junta de Vecinos Nº 11, la Costanera de Providencia y Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, dieron a conocer el dictamen de la Contraloría General de la República, referido al sumario administrativo realizado en la Dirección de Obras de Providencia, en base al requerimiento que le formuló el Seremi de Vivienda y Urbanismo por las ilegalidades detectadas en el megaproyecto inmobiliario Costanera Center de la empresa de retail Cencosud, presidida por Horst Paulmann. El órgano fiscalizador resolvió aplicar medidas disciplinarias de censura y anotaciones de demérito en la calificación de los 3 profesionales inculpados, a saber, el Director de Obras, el Jefe de Edificación y el Revisor de Proyectos. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad manifestó : "esta construcción se inició en marzo de 2006, sin que el titular del proyecto dispusiera de un permiso de edificación, el cual fue obtenido extemporáneamente con Nº 71-A/07, de fecha 30 de marzo de 2007, es decir, un año después, acto administrativo viciado tal como lo determinó el Seremi de Vivienda y Urbanismo y la propia Contraloría General de la República. Pero no podemos perder de vista que la Corema, como resultado de la fiscalización ejercida por el Seremi de Salud también sancionó en 2 ocasiones a dicha empresa por incumplimientos en la Resolución de Calificación Ambiental. Este megaproyecto se inició, como lo dijimos, en marzo de 2006, y recién el 16 de septiembre de 2009, 3 años y medio después, obtuvo la calificación ambiental definitiva, en circunstancias que el artículo 8º de la Ley de Bases del Medio Ambiente prohíbe el inicio de faenas si los proyectos no cuentan con las aprobaciones correspondientes de la Corema. Y por si fuera poco, el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) recién fue aprobado por el Seremi de Transportes en enero de 2009, 34 meses después del inicio de obras, teniéndose en cuenta que Costanera Center no podía comenzar sus faenas de construcción si no contaba con el EISTU autorizado. Las obras de mitigación vial son las exigidas para otorgarse la recepción final, una de las cuales es el túnel bajo la vía Andrés Bello y Cencosud todavía está negociando con el MOP para ver quien paga su conexión con la futura autopista Costanera Sur. Con este suscinto relato queda en evidencia el desorden descomunal que existe en Chile en materia de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente y Transportes y por ello, le formulamos una exigencia al presidente Piñera en orden a que ordene la casa y que la probidad en sus funcionarios no sea sólo una bonita palabra que se utiliza en los discursos. Este es un nuevo hecho ilegal consumado y esperamos que sea el último en el ámbito de la ciudad". Josefa Errázuriz, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia señaló: "lo terrible de este proyecto, de gran impacto comunal, es que nunca fueron consultados los vecinos, quienes somos los principales afectados. Y lo que es más grave es que estas resoluciones de la Contraloría nunca son conocidas por la ciudadanía y peor aún no tienen ninguna incidencia en quienes son las autoridades comunales. Hoy en día, en la Dirección de Obras de Providencia, siguen los mismos funcionarios que autorizaron este proyecto al margen de la ley, lo que nos demuestra fehacientemente que las instituciones en Chile no funcionan" Marcelo Böhm de la Junta de Vecinos Nº 11, La Costanera, dijo:"hemos constatado una neglicencia absoluta por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Providencia, quienes se negaron a acatar la normativa de construcción con lo cual ahora aumentarán en nuestro vecindario la congestión vehicular y otros males derivados del desmedido incremento de la densidad. Le preguntamos al alcalde Cristián Labbé en qué quedaron sus buenas intenciones de promover el desarrollo armónico con respeto a los actuales habitantes. Nos molesta sobremanera que las instituciones públicas se rindan ante los abusos de los conglomerados económicos, como lo estamos viendo en esta ocasión" Jorge Cisternas de Defendamos la Ciudad expresó : "Lamentablemente, una vez más, las autoridades que tuvieron la responsabilidad política, quedarán impunes. Quienes deberán asumir los perjuicios derivados de esa construcción ilegal son los comerciantes de la Av. Providencia, los automovilistas que sufrirán los tacos, los pasajeros que acceden al Metro por la Estación Tobalaba, quienes pasan en locomoción colectiva por la Av. Nueva Providencia, y todos los que contribuiremos con nuestros impuestos a financiar los gastos en que deberá incurrir el Estado, para solucionar los problemas creados por este antojadizo, aberrante e invasivo proyecto inmobiliario que degrada urbanísticamente una zona de la ciudad".